Responsabilidad de los Administradores de Sociedades. Acciones ejercitables

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Acciones de responsabilidad

Las reclamaciones (o «acciones» siendo jurídicamente precisos) a que se puede enfrentar un administrador son las siguientes:

  1. La acción social de responsabilidad. Es aquella que puede interponer una sociedad contra su administrador y que tiene como finalidad la reparación del patrimonio de la sociedad. Esto es, es la sociedad quien, en su caso, percibirá la condena que se imponga al administrador. El mero acuerdo de la sociedad de interponer esta acción determinará la destitución de los administradores frente a los que se dirigirá la acción. En principio, es a la junta general a quien corresponde acordar el ejercicio de esta acción. No obstante, la misma también puede ser entablada por algunos socios minoritarios o por los acreedores en determinados supuestos. El acuerdo para ejercitar la acción social de responsabilidad debe ser adoptado por la Junta y no es necesario que figure como punto del orden del día de su convocatoria.
  2. La acción individual de responsabilidad. Es aquella que puede interponer un socio, un acreedor, o un tercero, por actos de los administradores que, directamente, hayan lesionado sus intereses.
  3. La acción por no promover la disolución de la sociedad.

Uno de los deberes de los administradores es el de promover la disolución de la sociedad en determinados supuestos y plazos. En caso de no hacerlo los administradores responderán solidariamente entre si y junto con la sociedad, por las deudas que nazcan después de que aparezca la causa de disolución de la sociedad.

Es decir, que los acreedores de estas deudas podrían reclamar su pago, indistintamente, a cualquiera de los administradores o a la misma sociedad.

El supuesto más típico de esta acción es aquel en el que la sociedad incurre en causa disolución debido a pérdidas que dejan reducido su patrimonio neto en una cantidad inferior a la mitad del capital social.

Plazos para exigir la responsabilidad

Tanto la acción social como la acción individual de responsabilidad prescriben a los cuatro años desde el día en que se puedan ejercitar.

Por su parte, la acción por no promover la disolución de la sociedad termina a los cuatro años, a contar desde que por cualquier motivo cesaren en el ejercicio de la administración.

Competencia y procedimiento

Son competentes para dirimir estas acciones los Juzgados de lo mercantil del domicilio social del demandado y el procedimiento a seguir normalmente será el juicio ordinario en atención a la cuantía que se reclame al administrador, más de seis mil euros.

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