Procedimientos sobre Responsabilidad Civil Profesional

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¿Qué es la Responsabilidad Civil Profesional?

Uno de los principios generales de nuestro Derecho, previsto en el art. 1.101 de nuestro Código Civil, es que «quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas».

Nótese que la principal diferencia entre dicha norma y la prevista en el art. 1.902 del Código civil, es que en el caso en que nos encontramos se requiere que exista un contrato entre las partes.

Requisitos

Para poder exigir responsabilidad contractual a una persona, nuestra jurisprudencia exige que se cumplan todos los requisitos siguientes:

  1. Que exista un contrato generador de obligaciones para la parte demandada.
  2. Que la parte demandada haya incumplido las obligaciones derivadas de dicho contrato.
  3. Que tal incumplimiento sea imputable a la parte demandada, por culpa o dolo de ésta.
  4. Que ello haya generado a la parte demandante un daño o perjuicio indemnizable; y
  5. Que exista entre el incumplimiento contractual imputable y el daño o perjuicio sufrido, una relación de causalidad con tal grado de intensidad que permite imputar a la incumplidora las consecuencias dañosas experimentadas por la otra parte.

Objeto de la reclamación

Como cualquier indemnización, la que se puede reclamar con esta acción no permite la obtención de un beneficio sino el resarcimiento de un daño.

Ahora bien, este daño puede consistir tanto en un daño emergente como en un lucro cesante, más común en el ámbito empresarial que en el doméstico, pero que, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, siempre deberá probarse, y no debe confundirse con los «sueños de fortuna».

Igualmente, este daño puede ser tanto material como moral, si bien éste último es más difícil de cuantificar.

Plazo

La acción para solicitar una indemnización por responsabilidad profesional está sometida al plazo general de prescripción de las acciones. Plazo que antes era de 15 años, pero que en octubre de 2015 se redujo a cinco años.

En todo caso, este plazo no comenzará sino hasta el día en que el perjudicado dispusiera de toda la información relevante para presentar su reclamación.

Asimismo, para el cómputo de dicho plazo es necesario tener en cuenta diversas cuestiones relevantes, como, por ejemplo:

  1. Las disposiciones transitorias que regulan qué ocurre con los plazos de prescripción de 15 años que se iniciaron antes del cambio normativo.
  2. La posibilidad de interrumpir dicho plazo de prescripción mediante una reclamación extrajudicial, que reiniciará el plazo.
  3. La suspensión de los plazos de prescripción acordada como consecuencia del estado de alarma provocado por la crisis del Covid-19.

Personas que pueden ser demandadas

Las reclamaciones por responsabilidad profesional más habituales suelen dirigirse contra abogados, procuradores, asesores fiscales y financieros, gestores, auditores, arquitectos, profesionales sanitarios, etc.

Normalmente, estos profesionales cuentan con un seguro de responsabilidad civil, siendo lo más recomendable dirigir la reclamación frente a dicho seguro. Primero porque siempre resultará más fácil cobrar de un seguro que de un profesional. Y, segundo porque los intereses de demora que debe pagar un seguro son muy superiores a los que deben abonar otras entidades o personas.

Obtener una copia de dicho seguro no suele resultar complicado. En todo caso, si el causante del daño se negase a exhibirlo, se puede pedir a un juez, mediante unas diligencias preliminares, que le obligue a ello.

Distinción entre obligación de medios o mera actividad y de resultado

Existen diferentes tipos de obligaciones debidamente clasificadas. Una de esas clasificaciones distingue entre obligaciones “de medios o mera actividad”, y “de resultado”.

Esta distinción es importante a los efectos de valorar la existencia de responsabilidad civil profesional.

Por obligaciones de medios se entienden aquellas en que el sujeto pasivo se obliga a realizar una actividad, en sí misma considerada, esto es, sin obligarse respecto del posible resultado a que dicha actividad tiende.

En cambio, son obligaciones de resultado las que comprometen el resultado, que se constituye en el verdadero objeto de la prestación.

Por ejemplo, la obligación resultante de la relación profesional entre médico y paciente o entre abogado y cliente es claramente una obligación de medios. El sanitario o el abogado no se obligan a que el paciente o el cliente se cure o gane el pleito. Se obligan a realizar cuanto la lex artis les exige para que eso sea así, pero sin que pueda exigirse el resultado.

Sin embargo, la relación contractual entre arquitecto y cliente (promotor, por ejemplo) se enmarca en un contrato que la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, conceptúan y delimitan dentro de la esfera del arrendamiento de obra, en cuanto que el profesional se obliga a prestar al cliente un resultado, no solo la actividad que lo produce.
Esta prestación de resultado a la que se compromete el Arquitecto está determinada por la finalidad deseada y prevista por los contratantes, consistente en un proyecto arquitectónico del inmueble, que siempre ha de estar revestido de las condiciones o cualidades de viabilidad necesarias para que la obra pueda ser ejecutada,

Pero no siempre las cosas son tan sencillas. Con carácter general, la prestación médica es una obligación de medios, no de resultado.

Pero ¿y si la prestación médica es de carácter “estético”? Aquí lo que se contrata con el sanitario es un resultado, no siendo la prestación de carácter “curativo” (ejemplo, cirugía estética). En este caso la obligación es de resultado, por lo que la no consecución del esperado origina un supuesto de responsabilidad y, por ende, una indemnización.

Lo mismo sucede respecto de las intervenciones que pretenden la alteración de una función biológica reproductiva, privando al paciente de ella. Por ejemplo, la vasectomía o la ligadura de trompas están encaminadas a convertir en no fértil al paciente. Si se produce a pesar de ello un embarazo, existe un supuesto de responsabilidad igualmente indemnizable.

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