Responsabilidad de Administradores Generalidades

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Todo administrador de una sociedad mercantil se encuentra sometido a una serie de deberes, cuyo incumplimiento puede conllevar que aquél tenga que (i) indemnizar a la sociedad el daño que tales incumplimientos le hubieran podido causar o (ii) responder con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad.

Y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad adicional en que pudieran incurrir los administradores de una empresa que es declarada en concurso de acreedores o de la responsabilidad penal en que también pueden incurrir si cometen alguna de las conductas que como “delito societario” vienen descritas en los arts. 290 y ss. del CP.

Personas que pueden incurrir en responsabilidad

Las personas que pueden incurrir en la responsabilidad anterior son las siguientes:

  1. Los administradores formales o «de derecho» de la sociedad: los cuales pueden ser (i) un administrador único; (ii) varios administradores que actúen solidariamente; (iii) varios administradores que actúen conjuntamente; o (iv) un consejo de administración.
  2. Los administradores de hecho, que son aquellas personas que no ostentando el cargo de administrador actúan como tales desempeñando las funciones propias de dicho cargo.
  3. La persona física que represente a una persona jurídica que sea administradora, dado que una persona jurídica puede ostentar el cargo de administrador. No obstante, en tal caso ambas personas están sometidas a los deberes propios de todo administrador y responderán solidariamente.
  4. Los liquidadores de hecho y de derecho, también están sometidos a un régimen de responsabilidad, similar, pero no idéntico al de los administradores.
  5. A los directivos de una sociedad se les podrá reclamar, en su caso, responsabilidad civil por la vía contractual, lo que no es ni frecuente ni fácil, pero en ningún caso se le podrán exigir las mismas responsabilidades que a un administrador.

Deberes de los administradores

Los administradores tienen, ante todo, un deber de diligencia, según el cual deberán desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado empresario, y, además, deberán cumplir con los deberes que les vengan impuestos por las leyes y los estatutos de la sociedad.

En términos más concretos los administradores asumen los siguientes deberes:

  1. Deber de estar informado de la marcha de la sociedad, mantener una supervisión de ésta. Los administradores deben adoptar las medidas precisas para tener un efectivo control de la actividad de la sociedad.
  2. Deber de lealtad, que implica:
    • Procurar el mejor interés de la sociedad.
    • No ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido concedidas.
    • Guardar secreto de la información que haya conocido por razón de su cargo.
    • No participar en aquellos acuerdos en los que él o una persona vinculada a él pueda tener un conflicto de intereses.
    • Actuar con independencia y bajo su propio criterio.
  1. Debe de promover la disolución de la sociedad o solicitar su concurso de acreedores cuando concurran las causas legales que así lo imponen.

Norma de protección de los administradores (Business Judgment Rule)

El administrador no goza de la virtud de la infalibilidad en el ejercicio de su gestión. Por eso la Ley le protege declarándole irresponsable siempre que sus decisiones hayan sido razonables y adoptadas dentro de unos márgenes de diligencia, buena fe y sin comprometer intereses personales. El art. 226 de la Ley de Sociedades de Capital así lo establece:

Artículo 226. Protección de la discrecionalidad empresarial.

  1. En el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio, sujetas a la discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el administrador haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado.
  2. No se entenderán incluidas dentro del ámbito de discrecionalidad empresarial aquellas decisiones que afecten personalmente a otros administradores y personas vinculadas y, en particular, aquellas que tengan por objeto autorizar las operaciones previstas en el artículo 230.

 

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