Daños por Competencia

Reclamaciones de daños causados por infracción del derecho de defensa de la competencia

En qué consisten estas reclamaciones

Cualquier persona que sufra un perjuicio con motivo de una conducta de un tercero contraria al Derecho de la competencia, tiene derecho a que tal infractor le indemnice por el daño causado.

Lo anterior es una concreción del principio general de nuestro Derecho según el cual quien causa daño a otro está obligado a reparárselo (art. 1.902 del Código civil).

No obstante, este derecho fue desarrollado por la Directiva 2014/104, cuyas normas han sido incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico interno mediante la modificación, en mayo de 2017, de la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Enjuiciamiento civil.

En cualquier caso, este derecho a ser indemnizado ya fue reconocido por la Sentencia del Tribunal Supremo 651/2013 de 7 noviembre, en base a la normativa anterior a la citada Directiva.

Las más conocidas reclamaciones de este tipo que se han presentado hasta la fecha son las del llamado «cártel de camiones», en virtud de las cuales, quien entre los años 1997 y 2011, compró un camión de más de 6 toneladas, y de las marcas Daf, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo-Renault o Man, tiene derecho una indemnización por haber pagado un sobreprecio por dicho camión a consecuencia del cártel que formaron los fabricantes de las indicadas marcas.

Indemnización que se puede pedir

La indemnización que puede pedir un afectado por una infracción del Derecho de la competencia consiste en la diferencia entre (i) el precio que pagó por el producto o servicio afectado y (ii) el que hubiera pagado en un mercado de libre competencia. A lo que habría que añadir los correspondientes intereses.

En el caso del «cartel de los camiones» los compradores están reclamando alrededor de un 20% del precio que pagaron por la compra del camión, (por ejemplo, 20.000 euros si el camión les costó 100.000 euros).

A lo que habría que añadir el interés legal del dinero de esos 20.000 euros, desde la fecha que lo compraron. Siguiendo con el ejemplo, si la compra fue en el año 2005, la reclamación en el año 2020, y el interés legal fuera del 3%, tales intereses sumarían otros 9.000 euros, pues 20.000 X 3% X 15 = 9.000.

Documentación necesaria para poder reclamar

Para poder solicitar este tipo de indemnizaciones hace falta (i) la factura, contrato de compraventa, o de leasing del bien o servicio afectado y (ii) un documento que recoja las características del indicado bien o servicio.

El motivo es que el reclamante debe demostrar (i) haber adquirido el correspondiente producto o servicio, (ii) haberlo comprado en un momento en el que éste se vio afectado por la infracción del Derecho de la competencia, y (iii) que ese concreto producto o servicio estaba afectado por la conducta anticompetitiva.

Cómo se solicitan estas indemnizaciones

Para poder reclamar un daño causado por infracción del derecho de defensa de la competencia es necesario demostrar la conducta anticompetitiva.

Esto se puede probar de dos modos: (i) acreditando en la propia demanda tal infracción, lo que es realmente difícil y excepcional; (ii) adjuntando a la demanda una resolución que declare tal infracción, y que será lo que normalmente ocurra, por no decir siempre.

No obstante, tal resolución, si es dictada por un organismo nacional, como por ejemplo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), deberá de ser firme, o, si es recurrida, confirmada por una sentencia firme de otro tribunal. Así lo indica el art. 75.1 de la Ley de Defensa de la Competencia. El motivo es doble:

  1. Por un lado, los jueces y tribunales son independientes, y, por tanto, no se ven afectados por ninguna decisión de ningún órgano administrativo y
  2. Por otro lado, no sólo es que los jueces no están vinculados por las resoluciones administrativas, sino al revés. Los actos administrativos se encuentran sometidos al control judicial.

Si tal resolución fuera emitida por un organismo europeo, como la Comisión Europea, tal decisión sí vinculará a nuestros tribunales aunque no sea firme, por así disponerlo el art. 16.1 del Reglamento comunitario 1/2003.

Plazo para reclamar

El plazo para reclamar es una cuestión discutida. Como mínimo será de un año desde que el afectado pudo reclamar, esto es, desde la firmeza de la resolución de la CNMC que declaró la infracción, o desde la publicación de la resolución de la Comisión Europea que la reveló. Así lo dispone el art. 1.902 del Código civil.

No obstante, hay que tener en cuenta que tanto la Directiva 2014/104, como la Ley de Defensa de la Competencia (en su redacción vigente desde el 27 de mayo de 2017) extendieron dicho plazo a cinco años.

La incógnita, que deberá resolver la jurisprudencia, es qué infracciones se ven afectadas por el nuevo plazo de cinco años: ¿las cometidas, las descubiertas, o las sancionadas a partir de cierta fecha? Y, ¿qué fecha será ésta, el 27 de mayo de 2017, cuando entró en vigor la nueva redacción de la Ley de Defensa de la Competencia, o el 26 de diciembre de 2014, fecha en que el Estado español debería de haber traspuesto la Directiva 2014/104?

A quién hay que reclamar

Finalmente, debe aclararse que la reclamación deberá dirigirse frente al infractor de la normativa sobre defensa de la competencia identificado en la resolución administrativa o judicial que declare tal infracción.

Y, si este infractor es una sociedad extranjera, será a ésta a quien haya que reclamar. Y ello con independencia de que ésta multinacional tenga una filial en España, pues tal filial es una sociedad distinta que no cometió infracción alguna.

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